La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, también conocida como “Whistleblowing”, es una norma diseñada para promover y proteger a aquellos individuos que denuncien irregularidades en el seno de una entidad, tanto privada como pública.
Con esta Ley, se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019.
En el presente artículo examinaremos de manera breve los aspectos clave de la Ley 2/2023 y su importancia en la lucha contra la corrupción y la promoción de una cultura ética empresarial.
El objetivo principal de dicha Ley es crear un marco legal que incentive y proteja a aquellos sujetos que decidan reportar prácticas contrarias a la legalidad vigente. Se aplica tanto al sector público como al privado e incluye diversos ámbitos de denuncia: corrupción, blanqueo de capitales, fraude, violaciones a los derechos humanos, entre otros.
¿Qué prohíbe?
la Ley prohíbe cualquier forma de represalia o discriminación contra el denunciante. Se busca garantizar que aquellos que reporten irregularidades estén protegidos frente a posibles acciones adversas de su empleador, compañeros o involucrados.
Se pone de relieve la importancia de mantener la confidencialidad y el anonimato del denunciante, siempre que sea posible. En este sentido, deben establecerse mecanismos para salvaguardar la identidad del denunciante.
¿A quién se protege?
Entre otros, a los informantes del sector privado que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional.
¿Quién tiene obligación de implementar un canal de denuncias?
Se establece la obligación de crear un sistema interno de información o canal de denuncias para todas aquellas personas jurídicas del sector privado que cuenten con más de 50 trabajadores. Las empresas que cuenten con más de 250 trabajadores tendrán 3 meses desde la publicación en el BOE de la Ley (20 de febrero de 2023) para implementar el canal de denuncias, mientras que las empresas con un mínimo de 50 empleados hasta un máximo de 250, tendrán de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.
Además de las empresas con 50 o más empleados, la implementación de un canal de denuncias también es obligatoria para: organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, partidos políticos, sindicatos, entidades públicas de municipios de más de 100.000 habitantes, organizaciones empresariales que gestionen fondos públicos y universidades.
¿Qué sanciones se prevén?
Se prevé un sistema de infracciones y sanciones. El hecho de no contar con un canal de denunciar, se considerará infracción muy grave, estableciéndose para la misma multa que pueden llegar al 1.000.000 de euros en caso de personas jurídicas.
En conclusión, la Ley 2/2023 es un importante hito legislativo que promueve la transparencia, la integridad y la lucha contra las infracciones normativas y la corrupción. Así mismo, desempeña un papel fundamental en la protección de los denunciantes y en la promoción de la transparencia y la ética empresarial.
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